Crónica de una muerte anunciada en la mina de Zarréu

Exterior de la mina de Zarréu, en Degaña. Foto: Google Maps

Las investigaciones del accidente en la mina asturiana de Zarréu donde murieron 5 trabajadores y otros cuatro resultaron heridos comienza a desvelar algunas de las causas. Fueron errores concatenados, extracciones ilegales de carbón y trámites que aún siguen sin esclarecerse del todo. El atestado está previsto que sea definitivo para unas tres o cuatro semanas y aunque todavía no se conocen todos los detalles, lo que queda claro es que se pudo hacer más.

Ayer se cumplieron quince días desde de la mayor tragedia en la minería asturiana en los últimos 30 años. Otro lunes negro en Asturias sacudió la región el pasado 31 de marzo, cuando cinco mineros leoneses fallecieron y otros cuatro resultaron heridos en la tercera planta de una mina en Zarréu, Degaña. Este lunes 14 se constituyó la Comisión Extraordinaria Regional de Seguridad Minera para descifrar las causas de la tragedia. Hoy, la consejera de Transición Ecológica e Industria del Principado y anterior directora general de Minas, Belarmina Díaz, anunció su "dimisión irrevocable" tras comparecer ante la Junta General del Principado por su gestión, cuanto menos cuestionable.

Este tipo de accidentes recuerdan a tiempos cada vez más lejanos y enterrados bajo un manto de transición energética. Unos tiempos en los que las sociedades asturianas y leonesas mandaba a hombres y niños a picar sin saber si iban a volver o no y en los que las mujeres también tragaban humo y partículas cancerígenas. Una actividad que hoy parece relegada a las minas de coltán en las que mueren solo africanos, pero que, nada más lejos de la realidad, nos azota de nuevo cuando sucede en nuestras tierras.

El maldito grisú ya no es tan culpable

El accidente mortal fue atribuido en primera instancia al grisú. El maldito grisú. En regiones mineras como Asturias muy famoso, pero en muchas zonas, un gran desconocido. En términos generales, es un gas inodoro e incoloro que se desprende del carbón y que genera atmósferas explosivas. Es el gran enemigo de los mineros, pero no más de lo que lo es el patrón. Y es que otra vez, el carbón parece adquirir para algunos un valor mayor al de la vida de los trabajadores. En este caso cinco. En este caso leoneses. Hoy en día, y como sucedió a los trabajadores más atrasados a la hora de entrar a la bocamina aquella mañana, el oxímetro (aparato de medición) pita al encontrar niveles de oxígeno inferiores al 19%. Esa mañana de lunes marcaba un 17%. No hubo ventilación el fin de semana. Tampoco un responsable midió los niveles a primera hora como establece la legislación vigente.

La primera inspección técnica, realizada el día 8 de abril, dictaminó la existencia de dos huecos posteados en la tercera planta que delataban la existencia de una actividad extractiva de carbón. Uno, de 18,2 metros de largo y otros de 24,6 metros. Ambos de aproximadamente 80 centímetros de ancho y unos 25 ó 30 de altura, como corroboró el acta de los funcionarios que realizaron la inspección. En palabras de la por entonces consejera Belarmina Díaz, eran unas condiciones que "ni en el peor de los chamizos".

El juego de las licencias

La mina tenía dos licencias, ninguna para la extracción de carbón. Únicamente podía retirar chatarra y carbón ya picado en vistas al cierre de la mina y hacer investigaciones para posibles usos de materiales distintos como el grafito. Ambas licencias finalizaban el pasado 11 de abril. Aunque ilegal, era un secreto a voces del que el gobierno regional parece aceptar ahora, dos semanas después, los "indicios". La empresa al frente de la explotación, Blue Solving S.L -que recibió 927.000 euros del Instituto de Transición Justa- en la cual figura como responsable Ángel Rodríguez (22 años), asumió el 27 de noviembre de 2023 la titularidad de la explotación que antes tenía Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa), al frente de la cual estaba su madre. En agosto de 2022 hubo un fallecido en la mina bajo la propiedad de esta empresa, Combayl, que fue sancionada con 20.000 euros por actividad extractiva "encubierta". Pero al cambiar la titularidad los controles se redujeron considerablemente. Concretamente, entre el 21 de julio de 2022 y el 23 de noviembre de 2023, se realizaron ocho inspecciones. Con Blue Solving, solo una, el 20 de septiembre de 2024. Es decir, seis meses antes del accidente, como asegura el diario El Comercio.

Ambas empresas se encuentran bajo la propiedad de una misma familia de la que el pariarca es Jesús Manuel Rodríguez Morán, un empresario leonés ligado al mundo de la minería y que está pendiente de un juicio en el que le piden 10 años de prisión por, supuestamente, introducir 390 kilogramos de cocaína por el puerto gijonés de El Musel camuflados como carbón.

En octubre de 2023, un ciudadano ya había denunciado a la Administración las actividades ílicitas de extracción en un correo electrónico que se derivó a otra dirección inutilizada y no consultada hasta después del accidente. También el empresario Victorino Alonso, 'el rey del carbón', ha denunciado en diferentes ocasiones al entramado familiar por sus actuaciones empresariales. Entre otras cuestiones, la obtención de las últimas licencias queda también en entredicho. Hay demasiadas preguntas que aún no tienen respuesta y que ponen de manifiesto que había cosas que podrían haberse hecho mejor.

Pudo haberse hecho más y no se hizo. Pagaron los de siempre. El accidente en Zarréu es una suerte de crónica de muerte anunciada que avisó hace tres años, pero a la cual un cambio de fachada mantuvo en perfil bajo hasta ahora. Ahora solo queda que paguen los responsables y que se vuelva a poner en el foco la necesidad, no solo de una legislación fuerte (que existe en muchos ámbitos), sino de un brazo político y administrativo fuerte y valiente, que se atreva a poner límites y que vele por la seguridad y la vida de quienes trabajan para ganarse el pan.